Como si faltaran razones para realizar con amplio respaldo ciudadano la consulta anticorrupción, la semana que pasó aparecieron dos oportunos y agudos textos sobre el tema: uno periodístico en el Financial Times de Londres y otro académico aportado por la Universidad Externado de Colombia en Bogotá.
El artículo de John Paul Rathbone y Gideon Long en el periódico inglés destaca, a propósito del caso de Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, detenido en su propia casa, el disolvente nivel de la corrupción en el país, el excesivo legalismo colombiano (contra-intuitivo porque al mismo tiempo hay una altísima impunidad) y el riesgo de politización de la justicia en el tiempo político que comenzó el 7 de agosto.
“La ira popular, observan, por el escándalo (se refieren a Odebrecht) también ha contribuido a que la corrupción sea la principal preocupación de muchos electores durante la maratón de elecciones latinoamericanas celebradas este año, incluso en Colombia donde habrá un referéndum sobre la corrupción este mes”. Hay que recordar que efectivamente en México el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1° de julio se debió en gran medida a su enfática promesa de combatir la corrupción.
Según el estudio del Externado (cuatro tomos, trabajo de dos años) más de 9 billones de pesos, 1.6% del PIB, se pierden anualmente por corrupción (otras fuentes han indicado cifras más altas). La investigación expone que, aunque el país ha adoptado fórmulas del Banco Mundial y de la OCDE para aumentar la transparencia, ha adoptado un Estatuto Anticorrupción (2011), ha implementado leyes de reducción de trámites (2012), de acceso a la información pública (2014), “no hay pruebas de que estos esfuerzos hayan dado resultado”, resumen los periódicos.
Los hechos abrumadores de corrupción y la incapacidad legal e institucional para combatirla fueron los detonantes que dieron origen a la iniciativa de firmas para una consulta anticorrupción como mecanismo extraordinario de intervención ciudadana directa por falla comprobada de los actores e instancias llamados a aportar soluciones.
La iniciativa fue confirmada como plenamente exitosa en septiembre de 2017 cuando la Registraduría declaró válidas 3.092.138 firmas de las 4.236.681 recogidas. Número más que suficiente ya que las requeridas eran solo 1.764.000. Este hecho indica el extraordinario impulso inicial de la iniciativa ciudadana generadora del proceso que culminará el próximo 26 de agosto. Sobradas firmas, pero luego todo se empantana en el leguleyismo y la maniobra de intereses bien conocidos.
Aquí es donde se ve que los conejos quieren atajar a las liebres. Quizá el oportunismo, el maniqueísmo y el cambio desvergonzado de postura política logren restarle fuerza en último momento a la consulta. Tendrán la responsabilidad de ello quienes votaron la consulta y luego se retiraron como el Centro Democrático, el Gobierno de Iván Duque que dice apoyarla pero en realidad le ha creado un sucedáneo distractor en los cuatro proyectos que presentó al Congreso, algunos medios de comunicación que, serviles con poderes descompuestos, han contribuido a la desinformación y confusión de la ciudadanía.
Los políticos de los partidos de gobierno, liderados por los expresidentes Gaviria, Pastrana y Uribe, abandonaron el fugaz interés (electoral) en la consulta y lo centraron en los manejos para designar Contralor General. Los órganos de control de origen político nunca van a combatir de verdad la corrupción, cortarían la rama en la que están parados.
La corrupción endémica es una pieza clave en la generación, mantenimiento y reproducción del poder político. Ello no se corrige con paños de agua tibia. Solo el surgimiento de un poder alterno que gobierne, legisle y administre justicia con apego a una cultura del respeto por lo público logrará cambiar ese insoportable estado de cosas. En los millones que el próximo domingo voten 7 veces SÍ está el embrión de ese nuevo poder.